Las empresas tienen un papel fundamental en el impulso a el ahorro y la eficiencia energética. La auditoría es uno de los procedimientos fundamentales para alcanzar los objetivos de ahorro y eficiencia de la Unión Europea. La ley especifica qué empresas están obligadas a realizarla. Sigue leyendo y conoce todo al respecto.

¿En qué consiste una auditoría energética?

La auditoría es el procedimiento a través del cual logramos obtener información fiable y objetiva sobre el consumo de energía en un proceso.

Se realiza mediante inspección, estudio y análisis de los flujos de energía en los sistemas antes mencionados.

El objetivo principal es reducir los consumos de energía manteniendo o incluso mejorando el confort, la salubridad y la seguridad.

¿Que beneficios aporta la auditoría energética?

Además del cumplimiento del RD 56/2017, se obtienen grandes ventajas: se consiguen los objetivos de ahorro energético y se garantiza el correcto funcionamiento de las instalaciones.

¿Cuánto cuesta realizar una auditoría?

El coste varía según la configuración de cada organización, no obstante siempre se compensa a muy corto plazo contribuyendo a mejorar la competitividad de las organizaciones.

¿Quién puede realizar una auditoría?

Un profesional cualificado, según normativa se pueden contratar auditores energéticos externos o de la propia empresa, siempre y cuando no tengan relación directa con las actividades y pertenezcan a un departamento de control interno.

El técnico en cuestión, deberá haber superado la formación reglamentaria especifica impartida por una entidad reconocida por el organo competente de la comunidad autónoma.

¿Es necesario realizar una auditoría en mi empresa?

No siempre es necesario aunque es recomendable . El RD 56/2017 define las empresas que están obligadas a realizarla:

Las empresas que deben realizar una auditoría energética obligatoria son aquellas que cumplan al menos la condición de gran empresa, es decir, que “ocupen al menos a 250 personas o las que, aun sin cumplir dicho requisito, tengan un volumen de negocio que exceda de 50 millones de euros y, a la par, un balance general que exceda de 43 millones de euros”. También es obligatorio para los grupos de sociedades, definidos según lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio.