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El PP avisa de que la política energética del Gobierno podría generar otra recesión

El diputado nacional del PP Ramón García Cañal ha alertado de que la política energética impulsada por el Gobierno central supone un “grave peligro” para la economía del país y puede llevar a España a una “nueva recesión”.

En rueda de prensa en la sede del PP de Gijón, García Cañal ha dicho que los mensajes lanzados por el Ejecutivo generan “incertidumbre” en la actividad económica y sobre los empleos, y que se basan únicamente en una “ideologización” respecto a la generación de energías.

“Dejamos una situación económica boyante y corremos el riesgo de que medidas así nos vuelvan a sumir en una nueva recesión”, ha dicho el parlamentario popular.

García Cañal ha explicado que el Gobierno de España trata de “olvidarse” ahora de las conclusiones del informe de la comisión de expertos de transición energética, que advierte de que el cierre anticipado de las centrales nucleares supondría un incremento del coste de generación de entre 2.000 y 3.200 millones de euros cada año según el escenario.

Ha añadido que si, a esto se suma el cierre de las térmicas de carbón, las subidas se fijarían entre el 30 y el 55 por ciento del coste de la generación eléctrica.

“Afectaría a la competitividad, especialmente a las electrointensivas y habría riesgo de deslocalización”, ha puesto de manifiesto.

Ha advertido también de que si se procedería al cierre de las térmicas afectaría de manera negativa sobre los tráficos ferroviarios de mercancías que circularán por la variante de Pajares.

Por su parte, el presidente del PP de Gijón, Mariano Marín, ha señalado que la política energética impulsada por el Gobierno central “repercutirá negativamente” y “atenta directamente” en la economía de la ciudad.

“Puede tener un impacto importante sobre 25.000 empleos directos e indirectos”, ha puesto de manifiesto.

Fuente: elperiodicodelaenergia.com

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Ribera afirma que las medidas adoptadas convierten al país en el que más ha caído el precio de la electricidad

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que las medidas adoptadas por el Gobierno, junto con la caída desde máximos del precio del CO2, han permitido a España “pasar de ser el líder” en Europa en los incrementos en los precios de la electricidad a “ser el país, junto a los nórdicos, en el que más ha caído el precio mayorista en octubre”.

En comparecencia en Comisión en el Senado, Ribera valoró así las medidas urgentes adoptadas por el Ejecutivo a principios de octubre para combatir la espiral alcista en el precio de la luz de los últimos meses, aunque subrayó que no es suficiente y que “hay que seguir trabajando” y adoptando “medidas de fondo”. El recibo de la luz vio cortada en octubre la tendencia alcista de los últimos meses y se abarató por primera vez desde mayo, mitigando así las subidas de agosto y septiembre.

Ribera indicó que combatir el alza en el recibo de la luz ha sido “uno de sus primeros mensajes” desde que llegó al Gobierno ya que la electricidad limpia y eficiente tiene “un inmenso futuro”, aunque es necesario mantener unos “precios razonables y evitar sobrecostes que dificulten el periodo de transición“. Así, subrayó que desde marzo se ha vivido una espiral alcista de “subidas muy importantes y continuas no previstas por el Gobierno anterior”. “El señor Nadal dijo que iba a bajar el precio por sus medidas, pero se le olvidó que el CO2 era un factor que existía y que iba a incidir en el precio de la energía”.

Concesiones de las centrales hidroeléctricas

Además, Ribera indicó que “en las próximas semanas” se presentará una propuesta que afectará a la prórroga de las concesiones de las centrales hidroeléctricas que expiran en estos años ya que el agua para generación eléctrica existe en “un volumen limitado” y es necesario pensar “en las condiciones más acordes al siglo XXI”. La ministra, que no entró en más profundidad al respecto, subrayó que el objetivo debe ser el de “garantizar un cierto precio para consumidores vulnerables y una cierta capacidad de almacenamiento y moderación de precios medios con un potencial que es público“.

Ribera también destacó ese real decreto de medidas urgentes para la Transición Energética y la Protección de los Consumidores, aprobado el pasado octubre, como un primer conjunto de señales en el camino que se quiere tomar, con medidas como el fin del impuesto al sol o los ajustes para asegurar que España “llegue con los deberes hechos” en materia de energías renovables o la eliminación de trabas que impiden el despliegue de la movilidad eléctrica.

“En todo caso, la señal más precisa consiste en la adopción del marco estratégico que ha de conducirnos a un camino distinto en los próximos años, ese puente que hay que construir entre la realidad actual y la realidad que queremos en 2030“, subrayó, remarcando que estarán recogidas en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa del Gobierno.

Concretamente, estima que son “piezas claves, irrenunciables y engarzadas entre sí”, que fijarán “objetivos claros y ambiciosos” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 y 2030, con sendas de descarbonización para 2050 revisables cada 5 años, tanto para la economía en su conjunto como para cada uno de los sectores de emisión. Asimismo, insiste en la necesidad de realizar presupuestos quinquenales de carbono y elaborar un informe anual que describa en qué y cómo se ha aplicado el fondo de carbono cada año e integrar el análisis de compatibilidad climática en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, en las memoras de planes, programas y normativas e incluir criterios verdes “obligatorios” en la contratación pública.

Fuente: energiadiario.com

1.1

Ni el viento consigue ya que baje el precio de la electricidad: el ‘pool’ a 59,1 €/MWh con 41% de eólica

El precio del mercado de la electricidad para este viernes festivo en Madrid roza los 60 euros MWh, se queda concretamente en los 59,18 euros MWh. Hasta aquí todo bien, pero lo raro es que se dé este precio con un 41% de energía eólica en el mix y solo un 0,4% de ciclos combinados de gas según el programa PBF de ayer jueves para este viernes.

La eólica consigue hacer bajar los precios normalmente, pero ¿por qué no lo consigue este viernes? El precio horario más alto para este viernes se sitúa en los 68, 07 euros MWh, a las 09.00 horas, mientras que el precio más bajo se ha producido a las 04.00 horas con un precio de 47,64 €/MWh.

Al mercado no lo entienden ya ni los expertos en el mercado. Pero por ejemplo, Francisco Valverde muestra en este gráfico una de las claves de este hecho.

Se trata de la curva agregada de oferta y demanda. En ella se puede ver un gap de 25 euros MWh. ¿Cómo suceden estas diferencias? Este dibujo es un claro ejemplo de lo que son las ofertas complejas en el mercado pool. Son aquellas ofertas de venta de energía eléctrica que, cumpliendo con los requisitos exigidos para las ofertas simples incorporan todas, algunas o alguna de estas condiciones: condiciones de rampa entre horas, ingresos mínimos o bloques de oferta indivisibles.

El caso es que las ofertas complejas pueden provocar que el cruce de las curvas se produzca en otro punto distinto al inicialmente previsto.

Pero también habría que mirar el mercado de emisiones de CO2. En esta última semana ha pasado de los 15,10 euros por tonelada del pasado día 1 de noviembre a los 19,75 euros por tonelada con los que se cerró ayer. El precio del CO2 ha aumentado considerablemente y si a ello se le suma una producción con carbón del 9% podría hacer aumentar el precio ya que el gas prácticamente ni ha participado en el programa PBF.

Con este panorama, el mercado eléctrico español se ha convertido en un mercado irreconocible en este 2018. Por un lado el precio del CO2 ha incidido gravemente para mal y ha encarecido la electricidad a todos. Y para colmo, ni el agua ni el viento consiguen que el precio baje.

Es urgente que se haga alguna reforma en el mercado.

Fuente: elperiodicodelaenergia.com

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España debe instalar 50.000 MW renovables hasta 2030 para alcanzar un objetivo del 35% frente al 32% marcado por Europa

España deberá instalar 50.000 megavatios (MW) verdes de aquí a 2030 para alcanzar el objetivo del 35% de renovables de la energía final, según anunció el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, en el Congreso APPA Renovables 2018.

Domínguez señaló que esta hoja de ruta se incluirá en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que España remitirá a Bruselas antes de acabar 2018 y donde se definirá “la senda del país de aquí a 2030″, tratando así de “evitar la improvisación“. El secretario de Estado de Energía destacó que esta senda de 50.000 MW nuevos al horizonte de 2030, lo que representa un ritmo de unos 5.000 MW anuales, permitirán duplicar en 12 años el peso de las renovables en la energía, pasando así del 17,5% actual a ese reto del 35%, por encima del 32% del objetivo de media europea.

Además, auguró un objetivo de entre 5 y 4 millones de vehículos eléctricos para ese horizonte de 2030, así como la rehabilitación energética de 100.000 viviendas anuales, lo que obliga “a un gran plan de la mano de los Ministerios de Fomento e Industria”, añadió. Domínguez señaló que antes de que acabe 2018 se remitirá al Congreso de los Diputados la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde se recogerá esta senda de España hacia la descarbonización. Asimismo, valoró que España tiene capacidad de ser “100% renovable en 2050″.

Por su parte, el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, señalo que la alta dependencia energética de España debe “no solo ser un reto, sino también una oportunidad” para aprovechar los recursos del país en renovables. Para ello, Villarig subrayó que será necesario “adaptar la fiscalidad excesiva y recaudatoria” y pidió “no caer en los errores” de anteriores gobiernos que llevaron a una acumulación de déficit de tarifa “tremendo”. El presidente de APPA Renovables consideró que 2020 será un año “preocupante” ante la incertidumbre respecto a un posible cambio en la rentabilidad razonable y la evolución de las subastas de renovable, aunque destacó que el sector ha encontrado “receptibilidad” por parte del actual Gobierno.

Inversión en solar y eólica

Por otro lado, las fuentes de energía renovables, en especial la energía solar y eólica, figuran entre las favoritas en inversiones energéticas futuras, según el informe global Tendencias en Energías Renovables elaborado por Deloitte. Según el informe, las exigencias de la demanda, así como la combinación de la reducción de costes y la innovación tecnológica, están propiciando que ambas fuentes de energía puedan competir con las tradicionales, hasta el punto de posicionarse por delante de estas en proyecciones de inversión. El socio responsable a nivel mundial de Power&Utilities de Deloitte, Felipe Requejo, considera que la energía solar y la eólica podrían satisfacer la creciente demanda de empresas, ciudades y mercados emergentes “de manera más económica y baja en emisiones contaminantes“.

El informe considera que la paridad de precios y la continua reducción de sus costes derivada de la innovación tecnológica de estas energías favorecen su competitividad frente a las tradicionales. Así, destaca que en países como China, Estados Unidos, Alemania y otros, ya se alcanzó la paridad en precio para algunas de las energías renovables. En este sentido el LCOE (levelized cost of energy) de la eólica onshore (terrestre) se ha convertido a finales de 2017 en la fuente de energía más barata, con un LCOE de entre 30 y 60 dólares por MWh, mientras que la solar fotovoltaica se ha convertido en la segunda con un LCOE de 43 a 53 dólares por MWh.

Además, señala la continúa mejora de sus capacidades de integración, que permiten a estas tecnologías disponer de la capacidad para suministrar y abastecer la red eléctrica de manera fiable y rentable, así como la evolución de los mercados eléctricos y regulaciones que favorecen las tecnologías libres de emisiones. El informe elaborado por Deloitte también señala otros dos agentes clave en el aumento de la demanda de energías renovables, como son el auge de las llamadas smart cities o ciudades inteligentes, y el gran desarrollo de la demanda en mercados emergentes.

Fuente: energiadiario.com

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Ikea venderá los paneles solares más baratos del mercado en España

La multinacional sueca Ikea se ha congratulado de la eliminación del impuesto al sol en España y ha anunciado su intención de iniciar próximamente en España la venta de paneles solares para los hogares españoles.

“En España damos la bienvenida a la eliminación del impuesto al sol, que era innecesario y es una buena noticia para los consumidores. La apuesta por las renovables empezó como un compromiso dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad”, ha explicado el ‘deputy’ CEO y CFO de Ikea Group, Juvencio Maeztu.

Sin embargo, Maeztu ha reconocido que todavía no hay fecha para vender los paneles solares en el mercado nacional, pero sí ha adelantado que “siempre serán más baratos que los que se encuentran en el exterior”, aunque no pueden asegurar la inmediatez, una de las características de los productos IKEA.

Ikea ya vende sus paneles solares en más de 10 países, entre ellos Inglaterra, Japón, Suecia o Holanda. “Si en Reino Unido y Suecia está funcionando fenomenal, en España será mucho más rentable y se recuperará rápidamente la inversión”, ha apuntado.

De esta forma, Ikea iniciará próximamente conversaciones con empresas energéticas locales para alcanzar acuerdos en su desembarco en el mercado energético español.

La multinacional sueca confirma su apuesta por la sostenibilidad y por el uso de energías renovables, ya que se ha marcado como objetivo ser 100% renovables antes de 2020.

La enseña sueca en su apuesta por el mundo energético también ha alcanzado acuerdos en Reino Unido con empresas locales para abaratar la factura energética independientemente de tener paneles solares o no, una iniciativa que por el momento no tienen previsto traer a España.

Fuente: elperiodicodelaenergia.com

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En España, ‘dieselazo’; en Portugal, bajan los impuestos a las gasolinas

Mientras en España el Gobierno apuesta por acercar el precio del gasóleo al de la gasolina a través de un nuevo impuesto al diésel, en Portugal, su gobierno socialista aboga por rebajar los impuestos de los combustibles.

El ministro de Finanzas portugués, el socialista Mário Centeno, ha anunciado una reducción del impuesto que grava la gasolina en 2019, que permitirá disminuir en tres céntimos el precio por litro.

Centeno hizo el anuncio durante el arranque del debate parlamentario de los Presupuestos del Estado de 2019, aunque explicó que la medida no estará incluida en las cuentas del próximo año sino que se implementará con un decreto ministerial.

“Con esa reducción de tres céntimos, el precio de la gasolina quedará exactamente en la media europea. En el gasóleo ya estamos abajo de la media europea”, señaló el ministro durante su intervención en la Asamblea de la República.

Los altos precios de los combustibles en Portugal han sido objeto de debate en Portugal en los últimos dos años y el Gobierno tuvo que tomar medidas para rebajarlos a los profesionales y evitar así que muchos cruzasen la frontera para repostar en las gasolineras españolas, donde el coste para su bolsillo era menor.

En septiembre de 2016, el Gobierno luso decidió aplicar una rebaja de 13 céntimos por litro de combustible en las gasolineras fronterizas con España para evitar que los transportistas no repostaran en el país vecino.

A lo mejor ahora el suceso puede ser al revés, que los transportistas españoles se tengan que ir a Portugal, pero en principio la subida del dieselazo no repercutirá a los profesionales del transporte.

Fuente: elperiodicodelaenergia.com

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Los mecanismos de capacidad, ¿son necesarios en el mix eléctrico español?

Con la mayor participación de las renovables intermitentes en el mix se hace necesaria una herramienta que dé seguridad de suministro: los mecanismos de capacidad. Reino Unido y Francia ya la usan desde hace décadas y ahora Italia está diseñando cómo será la suya. ¿Y España? De ello se ha debatido durante la jornada organizada para tal fin por el Ateneo de la Energía.

La demanda y la generación van a necesitar ajustarse en un futuro cada vez más renovable. Hasta ahora era muy fácil porque las centrales convencionales, nuclear, carbón, gas e hidráulica permitían una oferta plana, pero ese modelo está desapareciendo. Es el momento de buscar soluciones a la intermitencia sin necesitar sobredimensionar la capacidad instalada en un país.

Además, la Unión Europea está ultimando la Directiva de Diseño de Mercado Eléctrico, donde se incluirá una normativa común a todos los países miembros en relación a estos mecanismos.

“Cuando tienes una oferta intermitente, si la demanda es de 100, por ejemplo, o cuentas con una potencia instalada enorme o hay que buscar optimizar el parque y ésta es la mejor opción”, explican fuentes del Ateneo de la Energía, “inicialmente se creía que los mecanismos de capacidad estaban pensados para tecnologías de respaldo, pero la realidad es que en las subastas de capacidad pueden participar muchos agentes del mercado, no solo cualquier generador sino también quienes consumimos”.

“Lo que hay que decidir es cómo gestionarlo, un debate que todavía no se ha hecho en España, lo que supone un retraso con respecto a otros países de nuestro entorno”, añaden las fuentes.

“En Reino Unido, por ejemplo, las subastas de capacidad se organizan a cuatro años vista, y el operador de la red con ayuda de expertos del gobierno determina el volumen ofertado para responder a la demanda futura”, explica a este diario Cristian Montoya, de la eléctrica suiza Alpiq, “pero en Francia se hacen siete subastas al año para el año siguiente, y cada central de generación o comercializadora tiene que decidir cuántos megavatios puede ofertar al mercado de capacidad en función de lo que prevea que se va a consumir en invierno, porque no hay que olvidar que como su principal fuente de energía es la nuclear, la mayoría de las calefacciones en Francia son eléctricas, por tanto, los picos de demanda son en la estación más fría”.

“La segunda diferencia entre ambos modelos es que en el caso inglés, la participación es de neutralidad tecnológica, es decir, que ciclos combinados, hidráulica o generación de diésel compiten en igualdad de condiciones, a excepción de las renovables, que no participan porque se considera que no pueden asegurar su suministro”, continúa el experto, “se ha criticado este sistema porque el mayor trozo del pastel se lo suelen llevar los generadores de diésel, (hospitales o instituciones que no pueden quedarse sin electricidad), que además de ser la tecnología más contaminante, es un contrasentido en una transición hacia las renovables”.

Pero los centros británicos que cuentan con generadores diésel ven necesario participar en esas subasta y mejor aún llevarse esas cuantiosas sumas porque hay que pagar el mantenimiento, comprar el combustible, realizar operaciones de funcionamiento de las máquinas, etc. “Participar en ellas no solo cubre esos costes sino que les sirve también para financiarse”, aclara Montoya, “sin embargo, en la última subasta de Reino Unido se puso una tasa “Malus” a la generación diésel, al considerar que el sistema tarifario que estaba mal diseñado con una clara ventaja hacia ellas”.

“En Francia, el concepto con el que se concurre a las subastas de capacidad es diferente, es el de certificaciones de fiabilidad“, que barema cada tecnología en función de lo que puede ofertar a la subasta. “Por ejemplo, cada megavatio de renovable solo obtiene el equivalente de 2oo kilovatios de certificados de una nuclear, y en concreto para la fotovoltaica, se le reconoce solo el 15% de su contribución”, explica el representante de Alpiq.

“Por cada certificado de fiabilidad, el operador del sistema paga una cantidad fija, pero cuando se activa la gestión de la capacidad, también se paga un coste variable a esa central”, continúa, “y cada una pone el precio que quiere a ese coste variable, pero si es muy alto y en un año no se ha solicitado sus servicios porque hay otras centrales más baratas, entonces el operador del sistema obliga a esa central a pasar un test para comprobar si se merece esas certificaciones”.

En Francia, además de las renovables, también participan las comercializadoras que actúan como agregador de la demanda. También pueden participar los pequeños consumidores pero su aportación es mínima “porque los contadores inteligentes aún no han llegado de manera masiva a los hogares como ocurre en España, y no se espera que así sea hasta dentro de tres o cuatro años, y además no hay un interés real de los ciudadanos en participar”, añade.

Una vez conocidos estos dos modelos, ¿cuál es el que se ajustaría mejor a la realidad del sistema eléctrico español? “Cada país tiene sus particularidades geográficas, de clima, de mix y por eso no debe haber un mecanismo único para toda Europa, se debe ajustar a nivel nacional y no europeo como se discute en Bruselas”, explica por su parte Paolo Mastropietro, de la IIT Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, “al final de lo que se trata es de que el sistema sea lo más eficiente posible, no creo en la regulación que marque cómo se debe hacer, aunque la Comisión Europea debe unificar todo lo que pueda la normativa para evitar lo que se conoce como ayudas del Estado, cada país tiene su derecho a establecer sus límites de confiabilidad pero siempre bajo la supervisión de Europa”.

En cualquier caso, de los modelos existentes, “el inglés sería el más acertado para España porque su mix es más parecido que el francés”, coinciden los expertos.

Sin embargo, este debate todavía no está de actualidad en el sector, “porque España no necesita de estos mecanismos de manera tan intensa como en Reino Unido o en Francia”, añade Mastropietro, “la sobrecapacidad ha impedido que se vuelva una cuestión de estricta actualidad porque el mix actual permite cierta holgura”.

Agregadores de la demanda e interconexiones
Las futuras subastas de capacidad también se verán complementadas con los agregadores de la demanda. Con su participación se regulará los accesos a la red y se abaratarán los costes del sistema. Hasta ahora en España ya existía una figura similar con la industria electrointensiva y sus subastas de interrumpibilidad.

“Al agregador hay que verlo como una figura necesaria del sistema que agrupa a miles de pequeños prosumidores y con el que el operador del sistema establece una interlocución, pero para evitar fraudes como lo que ha ocurrido con las comercializadoras en España, hay que aumentar la supervisión”, explica el tercer ponente de la jornada, Francisco Espinosa, socio director de la Asociación de Consumidores de Electricidad (ACE).

Y pone como ejemplo el caso de pequeños grupos de productores fotovoltaicos en Alemania “que junto con el biogás y la gestión de la demanda participan en los mecanismos de capacidad” del país germano.

Para cerrar el círculo, esta herramienta también se verá condicionada por el avance del mercado único de la energía de la UE. Con el aumento de las interconexiones, un mercado mayorista cada vez más unificado y cada vez más renovables, “no sería extraño que los precios que se alcanzaran en las subastas de capacidad de los distintos estados miembros se asemejaran”.

En definitiva, la opinión de los técnicos es unánime: los mecanismos de capacidad son un complemento al sistema marginalista del pool considerándolo así un mercado perfecto, no solo para marcar precios a la baja sino para asegurar el suministro eléctrico de todos.

Fuente: elperiodicodelaenergia.com

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El Gobierno deroga el impuesto al sol y reconoce el derecho a autoconsumir sin peajes ni cargo

El Gobierno ha decidido derogar el llamado impuesto al sol, que dificultaba y desincentivaba el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y del autoconsumo eléctrico en España. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que con esta medida se busca paliar “el retraso de España en esta materia”, ya que no es lógico que “un país rico en sol como España cuente con 1.000 instalaciones, frente al millón que tiene Alemania“. “Hay un largo recorrido”, apuntó.

Además, se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala; así como a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos. Por tanto, se deroga el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación, el denominado impuesto al sol. Según el Ejecutivo, el desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores “el acceso a alternativas más baratas y respetuosas con los límites del planeta, contribuye a reducir las necesidades de la red eléctrica, genera mayor independencia energética y permite reducir las emisiones de gases efecto invernadero”.

Además, considera que es una actividad “generadora de empleo vinculado a la transición ecológica, como ya se ha demostrado en países de nuestro entorno”. Ya el año pasado y el pasado mayo, todos los grupos políticos, con excepción del PP apoyaron en el Congreso de los Diputados el reconocimiento del derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo.

De esta manera, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, da carpetazo al decreto sobre autoconsumo eléctrico que aprobó el Gobierno del PP en 2015, en la que era la primera normativa para que los consumidores pudieran generar su propia electricidad. Sin embargo la normativa nació envuelta en polémica, debido al llamado impuesto al sol, que llegó a ser avalado por el Tribunal Supremo.

En España, la potencia eléctrica registrada en instalaciones de autoconsumo asciende a 1.196 megavatios (MW), de los cuales 170 MW corresponden a instalaciones de fuentes de energía renovables, una cifra muy baja para un país como España con un enorme potencial en estas fuentes de energía. Dentro del autoconsumo con renovables destacan las aportaciones correspondientes al aprovechamiento energético del biogás (127 MW) y la energía solar fotovoltaica (28 MW). En cualquier caso, hay que tener en cuenta que, desde la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se modificaron algunos artículos del Decreto 900/2015 y en particular se anuló el procedimiento del registro administrativo de autoconsumo a nivel nacional, es muy probable que existan instalaciones de autoconsumo operativas sin registrar.

UNEF aplaude las medidas tomadas

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha valorado “muy positivamente” el fin del llamado impuesto al sol, que grava la energía autoconsumida que no pasa por la red. En este sentido, la UNEF también ha aplaudido la aprobación del Real Decreto Ley para eliminar barreras económicas y administrativas, que, a su juicio, fueron establecidas de manera “artificial e injustificada”, lo que supone “un giro en la política energética sobre autoconsumo en el país”.

Desde el sector celebran que sea la primera legislación española que reconozca el papel activo del consumidor en el cambio del modelo energético e invitan a todos los grupos parlamentarios que ya han mostrado su apoyo al autoconsumo a apoyar el texto para que, “de una vez por todas, se consiga desbloquear la regulación del autoconsumo y su potencial crecimiento”.

Aplaude el impulso al autoconsumo

Por otro lado, la Fundación Renovables ha aplaudido la nueva normativa sobre autoconsumo ya que supone “un gran avance” para impulsar la transición energética en España. En este sentido, la Fundación considera que la eliminación de los llamados cargos, asociados a los costes del sistema y popularmente conocido como impuesto al sol, “impulsarán definitivamente el autoconsumo“. Así, subraya que el autoconsumo constituye “una medida fundamental” para alcanzar mayores cotas de eficiencia energética y lograr culminar la transición energética hacia una economía descarbonizada de una manera sostenible y justa a través de la electrificación y la gestión de la demanda, tal y como propone la Fundación.

Además, señala que la nueva normativa aprobada por el Ejecutivo equipara a España al resto de los países europeos y permite abandonar así “su trayectoria de políticas energéticas insostenibles”. En cuanto al bono social, la Fundación Renovables, aunque valora las medidas aprobadas como “positivas”, insiste en que solución para los consumidores vulnerables “es la creación de una tarifa social para consumidores vulnerables que incluya, entre otras variables, una renta mínima vital, IVA cero o la reducción del peso del término de potencia dentro de una amplia e imprescindible reforma del sector eléctrico en su conjunto”.

La modernización del sistema energético

Por su parte, Norvento considera que la derogación del peaje de respaldo al autoconsumo eléctrico, conocido como impuesto al sol, es “un paso clave en el avance hacia un sistema energético mucho más moderno y competitivo, y a la vez un acelerador del papel de las renovables en la modernización de nuestra economía y la lucha contra el cambio climático“. La empresa de renovables señala que el derecho a autoconsumir, tanto a nivel individual como de forma compartida, y la expansión de la generación distribuida con tecnologías renovables “cambiará la manera en que se entiende el uso de la energía y su papel en la industria y en la sociedad”.

Norvento subraya que, además de una modernización del sistema, la generación distribuida tiene un gran potencial como dinamizadora de la economía propiciando la aparición de nuevos sectores auxiliares, nuevos modelos de negocio y generando empleo. El director Comercial de Norvento y Doctor en Ingeniería Eléctrica, Manuel Pinilla, considera que la decisión supone “eliminar una importante barrera” no sólo para el negocio en fotovoltaica del grupo, sino para el resto de tecnologías renovables con las que trabaja, “especialmente la eólica y biogás, que también está jugando un papel cada vez más importante para el autoconsumo industrial“.

Fuente: energiadiario.com

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Las medidas para combatir la subida de la luz tendrán un impacto en el sistema eléctrico de 910 millones

Las medidas del decreto-ley aprobado por el Gobierno para combatir la subida del precio de la electricidad tendrán un impacto total de 910 millones de euros sobre el sistema eléctrico. Entre estas medidas figuran la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el PP,así como la introducción de una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde o la supresión del conocido como impuesto al sol.

Según consta en la memoria del análisis del impacto del proyecto de real decreto-ley, este impacto de las medidas será de 300 millones de euros en este ejercicio y de 610 millones de euros en 2019. De esta cifra, el mayor importe corresponderá a la suspensión del impuesto a la producción del 7% durante 6 meses, que ascenderá a un total de 534 millones de euros, de los cuales 265 millones corresponden a este año y 269 millones al próximo ejercicio. Por su parte, la eliminación del impuesto especial de hidrocarburos tendrá una afección sobre los costes del sistema eléctrico de unos 125 millones de euros, con un total de 25 millones en 2018 y de 100 millones en 2019.

Además, medidas como la reducción de la potencia contratada por los consumidores encaminadas a rebajar la factura de la luz se estima que tendrán un impacto de unos 144,6 millones de euros (unos 4,6 millones de euros en 2018 y 140 millones de euros en 2019). También impactarán en los ingresos del sistema eléctrico el cambio a discriminación horaria, con unos 98 millones de euros (6 millones de euros este año y 92 millones de euros en 2019) y el autoconsumo, con una estimación de unos 9,75 millones de euros, todos en el próximo ejercicio.

Para contrarrestar este impacto, el Gobierno cuenta con la compensación por mayores ingresos de las subastas de emisiones de CO2, adicionales a los 450 millones de euros que se destinan ya al sistema eléctrico. En concreto, estima que estos ingresos ascenderán a 850 millones de euros en 2018 y a 538 millones de euros en 2019, lo que permitirá hacer frente a ese impacto de 300 millones de euros este año y de 610 millones de euros el próximo ejercicio.

Por otra parte, el Gobierno considera que la suspensión temporal del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica tendrá un impacto económico en la factura de electricidad por el coste de energía de unos 200 millones de euros, añadiendo además la menor factura por IVA del consumidor. En lo que se refiere a la eliminación del impuesto especial de hidrocarburos a la generación eléctrica, que supone minorar el efecto multiplicador del precio del mercado de producción en las horas que los ciclos combinados marquen el precio marginal en el mercado o sirvan de referencia a tecnologías que lo sustituyan, tendrá un impacto durante 2019 de unos 53 millones de euros.

Así, según una estimación con datos de 2017 de la introducción de estas medidas, siendo de aplicación la suspensión del impuesto del 7% durante 3 meses del año y la eliminación el impuesto especial de hidrocarburos durante todo el año, la reducción de la factura de un consumidor medio por peaje de acceso habría sido del 2,16% para un consumidor doméstico (2.0 A) y del 2,97% para una pyme (3.0). Para un consumidor industrial (6.1) esta reducción en la factura llegaría hasta el 3,73%, mientras que para un gran consumidor industrial (6.4) alcanzaría el 5%.

Fuente: energiadiario.com

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El Gobierno advierte a las compañías eléctricas que vigilará cómo repercuten la suspensión temporal del impuesto a la generación

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha advertido que tanto el Gobierno como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilarán “muy de cerca” cómo las compañías eléctricas repercuten en la factura de la luz la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobada por el Ejecutivo dentro de un paquete de medidas para hacer frente a la espiral alcista en el precio de la luz.

“Habrá que seguirlo de cerca. No me parece que sea razonable pensar que las compañías eléctricas no son conscientes de que todo el mundo va a tener los ojos encima de ellas y que esto habrá que vigilarlo también muy de cerca a través de las autoridades competentes en la vigilancia del comportamiento del mercado eléctrico y de traslación de precios“, indicó Ribera. Junto a la suspensión del impuesto del 7%, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP, el Gobierno acordó también introducir una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde, medidas que el Ejecutivo estima que tendrán un impacto en la factura de la luz del 4%.

Ribera reconoció que las medidas adoptadas por el Gobierno son “más paliativas que estructurales” de cara al invierno y que “lo fundamental” pasa por abordar una reforma estructural y ver cómo el sistema fiscal tiene que mandar las señales adecuadas a todos los actores del sector. Así, señaló que el nuevo bono social “reforzado” y el bono térmico aprobado por el Gobierno es un ejemplo de “respuesta solidaria” con los ciudadanos vulnerables, aunque subrayó que se requiere de “una reflexión a fondo, y por eso nos hemos dado 6 meses”.

Convalidación en las próximas semanas

Asimismo, la ministra Ribera prevé que este real decreto-ley que amplía la cobertura del bono social a los consumidores vulnerables, sea convalidado en el Congreso de los Diputados “en las próximas semanas”. “Y quien no esté dispuesto a convalidarlo, que explique qué es lo que le molesta o que es lo que no le gusta”, añadió. Respecto a la financiación de ambos bonos sociales, Ribera indicó que, en el caso del eléctrico, se tomó la decisión “práctica” de mantener el sistema existente de que sea asumido por las comercializadoras eléctricas.

En el caso del nuevo térmico, señaló que en un primer momento se planteó hacerlo a través del sistema gasista, aunque, al comprobar que había muchas familias vulnerables que no tenían gas en sus casas, se optó por la fórmula de ayuda en una especie de cheque que fuera aportada por los Presupuestos Generales del Estado, “en un esfuerzo adicional durante este invierno hasta tener bien diseñada esa estrategia de solidaridad en materia de calefacción”.

La ministra también dejó claro que la solidaridad tiene que “ser eficaz con quien más lo necesita”, por lo que abrió la puerta a revisar los criterios actuales para que la renta sea el elemento determinante para percibir la ayuda. “Puede darse el absurdo de que familias numerosas con una renta muy alta puedan ser potencialmente beneficiarias, mientras que familias monoparentales con unos ingresos muy modestos queden excluidos. Todo esto hay que abordarlo de fondo y a futuro”, concluyó Ribera.

Fuente: energiadiario.com

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