En vísperas del arranque de una nueva legislatura, y con el Gobierno aún en funciones, el Consejo de Ministros aprobó el viernes un decreto ley orientado a blindar las inversiones a las empresas que operan con energías renovables. En la práctica, supone garantizar una retribución anual del 7,4% hasta 2031 a los dueños de instalaciones renovables en España. Pedro Sánchez favorece así al sector frente a la bajada de tipos de interés y frustra un recorte en el recibo de la luz que, según los especialistas consultados por este periódico, podría rondar el 5%. Pero este blindaje lesiona gravemente los intereses de los ciudadanos, en la medida que encarecerá el recibo de la luz en alrededor de 7.000 millones de euros al condicionar uno de sus componentes.

El decretazo, que podría ser convalidado este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso, asegura el futuro inmediato a los propietarios de parques eólicos o plantas fotovoltaicas. Esta medida supone estirar 12 años más la rentabilidad establecida por el Gobierno del PP, que ya era sensiblemente inferior a la fijada por Zapatero. Cabe tener en cuenta, además, que el listón de rentabilidad concedido por Rajoy se produjo en un contexto en el que los tipos de interés eran mucho más elevados que el actual. El nuevo decreto ya no garantiza como rentabilidad la resultante de sumar 300 puntos básicos a la cotización del bono del Tesoro a diez años. De mantener esta metodología, la rentabilidad hubiera bajado del 7,4% al 4,7%, aminorando de forma notable el quebranto económico para el Estado y los usuarios. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pretende que las empresas con plantas renovables previas al tijeretazo de 2013 retiren los litigios presentados. Sin embargo, ni está garantizado que estas compañías dejen de pleitear, ni es admisible que se aplique una retribución sin discriminar entre pequeños inversores y grandes eléctricas.

No hay razones de urgencia que justifiquen el decretazo del Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de una medida mal concebida y ejecutada con precipitación. En lugar de estimular nuevas inversiones, apuntala la retribucion de empresas a las que el anterior Ejecutivo socialista firmó una rentabilidad desorbitada. Y no solo frustra la posibilidad de rebajar el recibo de la luz, sino que incrementará éste en un contexto de desaceleración. Zapatero fue el responsable de hinchar una burbuja insostenible en el sector de las renovables a lomos de la economía verde. Sánchez parece dispuesto no solo a incumplir de forma flagrante uno de sus principales compromisos -ordenar el caos regulatorio en el sector eléctrico- sino a seguir castigando los bolsillos de los consumidores.

En plena vorágine política para la formación de un gobierno, el Ministerio de Transición Energética en funciones presentará en el próximo viernes día 22, en Consejo de Ministros, un Real Decreto Ley de medidas urgentes con una batería de propuestas, como la esperada nueva retribución a las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos para el periodo 2020-2025, el calendario de nuevas subastas de renovables, el Estatuto del Consumidor Electrointensivo y otras dos más, como un plan para el mantenimiento del empleo en los procesos de descarbonización y concursos para adjudicar la conexión de red de las centrales eléctricas que se cierren a proyectos de renovables.

La intención del Gobierno es recuperar el anteproyecto de ley de diciembre del año pasado, que fijaba una retribución a las renovables para los próximos seis años en el 7,09% para las plantas que se instalaron a partir de 2013, una tasa que tiene que entrar en vigor el 1 de enero de 2020. Pero para todas las anteriores, mantendrá el 7,39%.  El objetivo de este RDL también es evitar nuevas reclamaciones ante tribunales y cortes arbitrales y poner fin a los litigios ya existentes por parte de los perjudicados por el recorte. Para acogerse a la retribución se debe renunciar a proseguir con ellos.

Otros que podrán optar a ese régimen de retribución son los que se les haya reconocido en una resolución firme indemnizaciones o compensaciones, y en ese caso se detraerá el importe de las mismas de la diferencia entre la retribución que proceda abonar de las tasas de retribución congeladas hasta 2031 y las que el anteproyecto de ley fija para los no afectados por el recorte.

También se espera aprobar un plan de descarbonización y sacar a concurso las conexiones a la red que queden libres de las centrales térmicas que se vayan cerrando, así como de las nucleares, «y no a subasta, porque la idea no es elegir el proyecto de más bajo coste sino el que ofrezca mejores condiciones para crear empleo y mantener la riqueza económica de la comarca que hasta la fecha ha vivido de la central», dicen fuentes internas de Transición Ecológica.

Además de esos concursos, el Ministerio organizará un calendario de acciones y reuniones para desarrollar el Convenio de Transición Justa en cada una de las Comunidades Autónomas afectadas. Se intentará encontrar alternativas para garantizar el mantenimiento de la actividad y el empleo que crean las industrias térmicas.

Otra de las propuestas muy esperadas por la industria renovable en España es un calendario de subastas, que incorporará cambios en los criterios respecto a las tres anteriores de 2016 y 2017. La meta es que empresas medianas y pequeñas de renovables puedan acceder más fácilmente a las subastas y para ello el Ministerio para la Transición Ecológica propone cambios en los criterios.

Por último, se espera que se apruebe en un Real Decreto, al margen del RDL de Transición Ecológica, el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, también muy esperado por la industria. No podrá ser semejante al que tienen en Francia, porque según han confirmado fuentes del Ministerio de Industria a este diario, «no se contará con un presupuesto tan elevado como los franceses, que les sirve, entre otras cosas, para dar ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2».

El RDL tiene como objetivo avanzar en la Estrategia de Transición Energética Justa y en el abaratamiento de la factura de la luz con el impulso a las energías limpias, pero su aprobación no solo depende del Gobierno.

Una vez que pase por el Consejo de Ministros, se tendrá que convalidar o ratificar en un plazo de 30 días en las Cortes Generales, y si no se han constituido en ese plazo, entonces se llevarán a la Diputación Permanente.

El Gobierno tenía previsto aprobar la retribución a las renovables antes del 10N, pero el resto de partidos, que dan el visto bueno a la norma, lo pararon por creer que sería un acto electoralista, tal y como adelantó El Confidencial. Como se frenó, finalmente el Gobierno decidió añadir otras medidas como las narradas en este artículo y lo iban a llevar al Consejo de Ministros de hoy, pero ahora hay reticencias por parte de los otros partidos a que se aprobara este viernes al añadir nuevas medidas. Es por ello que no será hasta el día 22 cuando lo lleve el Ministerio al Consejo de Ministros.