Sánchez e Iglesias ponen patas arriba el sector energético en el acuerdo de PGE 2019: las 15 medidas pactadas

Sánchez e Iglesias ponen patas arriba el sector energético en el acuerdo de PGE 2019: las 15 medidas pactadas

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han firmado esta mañana un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019. En él se dedica un capítulo entero a la transición energética. Comparten el Gobierno y Unidos Podemos su preocupación por la subida de los precios de la energía, sobre todo la luz, su efecto en los consumidores más vulnerables y afrontar la transición energética con energías más limpias.

Por ello, bajo el acuerdo se han firmado esta serie de medidas:

1.- Crear, de manera inmediata, un grupo de trabajo con representantes del Gobierno y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea para acordar tanto un Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que deberá presentarse en el Congreso de los Diputados antes de finalizar 2018, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el cual ha de ser remitido a la Comisión Europea también antes de que finalice el presente año.

A pesar de la necesidad de reformas profundas, la situación de desprotección en la que se encuentran los colectivos más vulnerables y el agudo incremento del precio de la electricidad en los últimos meses ha llevado al Gobierno a aprobar el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Al respecto, se acuerda:

2.- Iniciar de forma inmediata, y en cualquier caso antes de la convalidación en el Congreso del Real Decreto-ley 15/2018, la negociación de las enmiendas a introducir en la tramitación como proyecto de ley de dicho Real Decreto-Ley. Esta medida la ha adelantado este diario en el día de hoy.

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Más allá de los compromisos para crear marcos de negociación descritos arriba, a continuación, se detallan acuerdos en medidas concretas con aspectos relevantes para los Presupuestos Generales del Estado 2019.

3.- Las reformas estructurales que el sistema eléctrico necesita. Realizar los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo”) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, las cuales fueron instaladas en un marco regulatorio anterior a la liberalización y han recuperado sobradamente sus costes de inversión. Una posibilidad podría ser establecer un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico. La diferencia entre el precio del mercado y ese límite se considerará un ingreso del sistema eléctrico y será destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores.

4.- Revisar los pagos por capacidad, de manera que se limiten a medidas condicionales, transitorias, sin distorsiones, de último recurso
y de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad, excluyendo la posibilidad de incurrir en
ayudas ilegales y conforme en todo momento a la normativa europea vigente en la materia.

5.- Modificar la factura eléctrica con el objetivo de: reducir el porcentaje que representa término de potencia; que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros Kwh sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética.

6.- Bono social, los más vulnerables nuestra prioridad de acción. Como ya se ha señalado, es necesario iniciar de forma inmediata, y en cualquier caso antes de la convalidación en el Congreso del Real Decreto-ley 15/2018, la negociación de las enmiendas a introducir en
la tramitación como proyecto de ley de dicho Real Decreto-ley, incorporando las siguientes medidas:
A) Presentar en el plazo de cuatro meses una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética de tal forma que permita abordar el fenómeno de la pobreza energética desde una perspectiva integral y con visión de largo plazo. La Estrategia, para cuya elaboración se contará con las CCAA y Entidades Locales, la CNMC, las asociaciones de consumidores, los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, los representantes del tercer sector y las empresas energéticas realizará un diagnóstico y caracterización del problema, diseñará indicadores oficiales de medición, establecerá objetivos de reducción de la pobreza energética , en un horizonte de medio y largo plazo y propondrá medidas concretas para la consecución de dichos objetivos, así como sus vías de financiación.
B) Aprobar una reforma profunda del bono social eléctrico y creación un bono general que incluye el bono gasista. Estos bonos tendrán el fin último de permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía, y tendrán las siguientes características:
• Su solicitud sea automática.
• La renta per cápita del hogar vulnerable sea el único criterio de adjudicación. Como salvedad a esto, se podrán incluir también criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como familias monoparentales.
• La cuantía del descuento en la factura sea la necesaria para que, de acuerdo con su nivel de renta, todos los hogares puedan acceder a un consumo mínimo de energía.
• Sea financiado íntegramente por todas las empresas del sector, proporcionalmente a su volumen de facturación.
• Sea posible beneficiarse de este con la contratación de cualquier comercializadora, privada o municipal.
• Incorpore el principio de precaución para que sea requisito necesario la autorización por parte de servicios sociales ante cualquier solicitud de interrupción de suministro a un consumidor acogido al Bono Social Eléctrico o Gasista tanto si se trata de un consumidor vulnerable como vulnerable severo.

Con la finalidad de garantizar el despliegue de la legislación en materia de pobreza energética (y sin perjuicio de la reforma profunda a la que se alude más adelante), se pondrá en marcha un fondo de 50 millones de euros para garantizar que las administraciones públicas y los servicios sociales dependientes de las mismas den la protección necesaria a las personas vulnerables, para que estas dispongan de los derechos y descuentos en la normativa reconocidos tanto en el bono social eléctrico como en el Real Decreto Ley 15/2018.

7.- Protección y empoderamiento del consumidor eléctrico. Eliminar la posibilidad de que sean accesibles los datos de consumo y otros de las personas consumidoras sin el previo consentimiento expreso y firmado de las mismas.

Aclarar explícitamente las condiciones en las que pueda existir una salvedad a la prohibición de contratar el suministro de la luz o gas mediante la modalidad puerta a puerta, siendo en todo caso necesario una petición mediante conducto fehaciente por parte del titular a la
compañía que realice la visita.

8.- Fomento del autoconsumo eléctrico. Establecer reglamentariamente la retribución de la energía vertida a la red por las instalaciones de autoconsumo que deberá ser, como mínimo, igual al valor de mercado mayorista de electricidad. Además, deberán establecerse mecanismos simplificados de compensación de la energía exportada e importada de la red por las instalaciones de autoconsumo.

9.- Impulso a las energías renovables y a la movilidad eléctrica, por un futuro descarbonizado. Aprobar un plan de impulso a la repotenciación de las plantas renovables existentes. Más allá de las medidas adoptadas en el citado Real Decreto Ley, en este proceso de transición, es preciso recuperar el atractivo de invertir en renovables: el abaratamiento de costes de estas tecnologías, el cumplimiento de nuestros objetivos internaciones, la seguridad de suministro y el impacto positivo que ejercen en el precio hace imprescindible enviar las señales adecuadas.

10.- Modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, estableciendo como criterio fundamental el coste de generación de cada tecnología y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas.

11- Introducir modificaciones en la Ley del Sector Eléctrico 24/2013 para dotar de estabilidad al marco retributivo de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, y para garantizar una rentabilidad razonable a largo plazo a los activos que gozaban de régimen económico primado antes de la entrada en vigor de la nueva normativa y que no pudieron adaptar sus esquemas de inversión a un marco que no conocían, cumpliendo así con el compromiso adquirido tanto por Unidos Podemos – En Comú
Podem – En Marea como por el PSOE.

12.- Acordar con los ayuntamientos medidas concretas para potenciar las comercializadoras municipales.

13.- Poner en marcha un plan de ayudas económicas para el vehículo eléctrico, estable e ininterrumpido hasta el año 2020, evitando así que las ventas se concentren en momentos determinados y/o queden paralizadas hasta la aprobación de nuevas ayudas, como sucede actualmente. El plan contará en el año 2020 con al menos el 30% de la mayor recaudación del impuesto del combustible de los vehículos diésel producida por el cambio normativo para dichas actuaciones.

14.-Apostar por el ahorro y la eficiencia energética, una oportunidad económica responsable. Plan de rehabilitación de viviendas. Poner en marcha de un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas a partir del año 2019, con una duración de cuatro años y con una movilización de 400 millones cada año. El plan responderá a criterios de eficiencia energética y accesibilidad e incluirá ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en las zonas y colectivos vulnerables, a los cuales se destinará una cantidad que supondrá hasta el 20% del total. Con objeto de abordar el citado plan de rehabilitación de viviendas a gran escala, IDAE como Unidad de la Administración General del Estado especializada en eficiencia energética, será reforzado para llevar a cabo la gestión y ejecución de este plan, incrementar la captación de Recursos Comunitarios adicionales incluida la captura de recursos financieros del Banco Europeo de Inversiones y otros fondos europeos e internacionales, así como, diseñar su distribución. Este proceso de implantación y desarrollo del plan se llevará a cabo en cooperación con las entidades locales y regionales, y con la participación de las empresas del sector.

15.- Se dotará de continuidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el nuevo periodo 2021-2030. Este fondo estará dotado de al menos 200 millones de euros anuales que serán aportados por las empresas comercializadoras de la electricidad. Se analizará la posible extensión de la aplicabilidad de este fondo al autoconsumo doméstico como fuente de eficiencia del sistema.

Fuente: elperiodicodelaenergia.com

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