Habrá comisión de investigación sobre Castor: Podemos obra el milagro y convence a PP y PSOE

Habrá comisión de investigación sobre Castor: Podemos obra el milagro y convence a PP y PSOE

El Congreso de los Diputados ha hecho un pleno total (a excepción de tres abstenciones), votando por unanimidad a favor de la creación de una Comisión para investigar las posibles responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor y su indemnización. Una aprobación esperada por Unidos Podemos al haberse aprobado la semana pasada en la Junta de Portavoces, como ya contó este diario.

“Hablar de Castor es hablar de muchos millones, la sociedad está harta de corrupción y esta instalación está todavía frente a las costas de Vinaroz y nos recuerda que fue innecesaria e inviable. Una operación de riesgo que afectó a nuestros bolsillos y a las poblaciones de Castellón y Tarragona, que sufrieron más de 1.000 terremotos y un impacto ambiental y económico todavía sin cuantificar”. Con estas palabras, abría el debate Angela Ballester, diputada de Compromís integrada en Podemos.

Para defender la necesidad de esta Comisión, Ballester señaló a Florentino Pérez como el gran beneficiado de toda esta trama. “Este proyecto nos va a costar, según las organizaciones de consumidores, más de 4.700 millones de euros. Castor es el recuerdo de una forma de gobernar, de poner los recursos de todos al servicio de unos pocos, y de hacer pagar a la ciudadanía el rescate de grandes empresas, como ya ha ocurrido con las autopistas, bancos, o en este caso la constructora propiedad de Florentino Pérez”

En esa misma línea coincidía Josep Vendrell, portavoz de la formación morada en la Comisión de Transición Ecológica. “Hace dos semanas, la Audiencia Nacional confirmó el archivo de la querella presentada por diversas asociaciones de las zonas afectadas. A pesar de ello, el caso Castor no es un caso cerrado, ni jurídica ni políticamente”, ha dicho, “porque tenemos una ciudadanía que hoy ya no consiente la impunidad en cualquier tipo de fraude, corrupción o nepotismo”.

En el caso del diputado por ERC, Jordi Salvador, aprovechó su tribuna para recordar el caso de Carlos Ocaña, coautor del libro de Pedro Sánchez, que fue jefe de gabinete del ministro de Industria de Zapatero, Miguel Sebastián, y que después ha acabado siendo fichado por Florentino Pérez para el Real Madrid.

“Aprobó la famosa cláusula por la que Florentino pudo cobrar por 1.350 millones de euros por unas instalaciones que no funcionaban y provocaban terremotos. Solo seis meses después de que dejara el ministerio, lo incorporó al Real Madrid. De hecho aún sigue. Todo un ejemplo de generosidad con sus amiguetes”, ha relatado.

Ferrán Bel, del PDeCAT, ha reclamado la investigación “por dignidad y por corresponder a todos los vecinos del Maestrat y de Terres de l’Ebre que denunciaron previamente qué iba a pasar”. “Lo sufrieron en sus propias carnes y ahora no puede ser que el Parlamento les decepcione”, ha subrayado.

Y sin que sirva de precedente, Ciudadanos ha apoyado desde el principio la necesidad de esta Comisión. En su defensa, la diputada Melisa Rodríguez ha lamentado que el proyecto fuera “otro de los parches” de PP y PSOE en el sistema energético, ya que no estaba dentro de ninguna estrategia ni planificación, y sus errores han repercutido y repercuten en la tarifa.

El PP y el PSOE se señalan con el dedo
A quienes más les perjudica esta Comisión son a los dos partidos que ha gobernado el país. Sin embargo, tenían que retratarse y han sido valientes al apoyarla. El PSOE dice que lo hace “sin reservas ni prejuicios, en aras de la transparencia y el interés general”, y porque quiere saber si existieron irregularidades en la concesión y la financiación, si estaban justificados los sobrecostes o si se respetó la legislación medioambiental, cuestiones de las que deberá responder compañeros de partido, los miembros del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero mientras sientan en el banquillo político a gente de su partido, el diputado Artemi Rallo también ha arremetido contra las decisiones del Gobierno de Rajoy y ha aprovechado para decir que pedirán investigar si la indemnización se aprobó ajustada a derecho y por qué se pagó “de forma tan veloz” cuando debía analizar qué había pasado, recordando además que, en un primer momento, el exministro ‘popular’ José Manuel Soria aseguró que Escal UGS no sería indemnizada.

También el Partido Popular ve una oportunidad para acusar a los socialistas de haber firmado un proyecto fallido. El portavoz del grupo parlamentario en la Comisión de Transición Ecológica, Guillermo Mariscal, ha celebrado que la comisión permitirá al PSOE enmendar sus responsabilidades por el proyecto. También ha recalcado que la firma de la declaración de impacto ambiental la llevo a cabo la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que tendrá que enfrentarse también a esta Comisión.

Como no podía ser de otra manera, ha defendido la gestión del anterior Gobierno, que suspendió la actividad del almacén tras solicitar un informe, redujo a la mitad la rentabilidad del proyecto y modificó la ley para asegurar estudios previos de sismicidad en proyectos similares.

Siguientes pasos de la Comisión de Investigación
Según el art. 42 del Reglamento del Congreso, una vez aprobada la Comisión, se deberá elaborar un plan de trabajo y se podrá nombrar Ponencias en su seno y requerir la presencia, a través de la Presidencia del Congreso, de cualquier persona.

Sin embargo, las decisiones se adoptarán en función del criterio de voto ponderado, es decir, que el voto de cada portavoz en la Comisión es equivalente al número de miembros del respectivo Grupo Parlamentario.

Las conclusiones de estas Comisiones, que no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, deberán plasmarse en un dictamen que será discutido en el Pleno de la Cámara.

Fuente: elperiodicodelaenergia.com

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