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Estos son los cinco procedimientos de infracción de Bruselas contra España en materia energética

Estos son los cinco procedimientos de infracción de Bruselas contra España en materia energética

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, se mostró el pasado martes confiado en poder cerrar “en los próximos seis meses” los cinco procedimientos de infracción abiertos a España en materia de energía, antes de llegar a los tribunales europeos.

Arias Cañete advirtió que “se estaba a punto” de llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la falta de acuerdo respecto a los procedimientos abiertos, aunque subrayó que en la reunión mantenida este lunes con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se acordó dialogar para cerrar estos frentes y no acudir a la justicia.

A este respecto, Arias Cañete subrayó que, al igual que hace con el resto de países, transmitió en esa reunión a la ministra la necesidad de que los países miembros “cumplan con la legislación comunitaria”, aunque señaló a Ribera que se cuenta con “poco” tiempo para cerrar estos frentes.

Lo que choca es que a Cañete no le entraran las prisas con Álvaro Nadal al frente de Energía y al poco de llegar el PSOE al Gobierno sea todo urgentísimo. El caso es que Ribera tiene que solucionar cinco papeletas que le dejó el anterior inquilino en materia energética antes de que finalice el año.

Estos son los cinco procedimientos de infracción abiertos contra España en energía:

1.- Conflicto con la CNMC por los peajes energéticos. Concretamente, la Comisión Europea achaca a España que incumpla las directivas de Elecricidad y de Gas del Tercer Paquete energético, ambas de 2009. Dichas normas contienen disposiciones clave para permitir que los mercados energéticos funcionen correctamente, incluidas normas sobre la separación de la transmisión de los proveedores y productores de energía, sobre el fortalecimiento de la independencia y los poderes de los reguladores nacionales y sobre las disposiciones que benefician a los consumidores. La Comisión constató que España ha transpuesto incorrectamente varias normas relativas a la independencia de la autoridad nacional de regulación, es decir, la CNMC. En febrero de 2015 se envió a España una carta de notificación formal, después de conocerse que el Gobierno del PP cambió la Ley del Sector Eléctrico para arrebatar a la CNMC la función de fijar los peajes de electricidad y gas. En 2016 envió al Gobierno un dictamen motivado advirtiendo de que si no cambia la normativa será penalizado. Dos años después, sin decirle nada a Nadal por ello, ahora le exige a Ribera que cambie la normativa.

También en este caso está la posición dominante de REE y Enagás a la hora de construir los proyectos de interconexión. Bruselas le ha pedido en más de una ocasión que dé entrada a otros actores para hacer interconexiones con otros estados miembro.

2.- La no transposición de la Directiva de la UE sobre seguridad de las operaciones de petróleo y gas mar adentro. La Comisión Europea solicitó a España que garantice la plena transposición de la Directiva de seguridad offshore ( Directiva 2013/30 / UE) La UE estableció un conjunto de normas para ayudar a prevenir accidentes, así como para responder de manera rápida y eficiente en caso de que ocurran tales accidentes. Los Estados miembros deben garantizar que las empresas a las que otorgan una licencia de exploración o producción estén bien financiadas y cuenten con los conocimientos técnicos necesarios, y que tengan a mano recursos para ponerlas en funcionamiento cuando sea necesario. Las empresas también son totalmente responsables de los daños ambientales causados ​​a las especies protegidas y los hábitats naturales. La Directiva debía incorporarse a la legislación nacional antes del 19 de julio de 2015. En noviembre de 2016, la Comisión envió el dictamen motivado a España y le daba dos meses para cumplir con sus obligaciones. Han pasado tres años y nada.

3.- Conflicto sobre la Directiva de Eficiencia Energética. El pasado marzo la Comisión Europea decidió enviar un dictamen motivado a España solicitando formalmente la correcta transposición a la legislación nacional de los requisitos para la medición individual en edificios de apartamentos múltiples establecidos en la Directiva de Eficiencia Energética ( Directiva 2012/27 / UE). La Directiva exige la instalación de contadores de calor y agua caliente para edificios de apartamentos múltiples, donde sea técnicamente factible y rentable, para todos los edificios existentes, mientras que las medidas nacionales de transposición imponen este requisito solo con respecto a los edificios nuevos (construidos después de 2007). Se envió a España un escrito de requerimiento en octubre de 2017 y la Comisión ha procedido al siguiente paso en el procedimiento de infracción. España tenía dos meses para cumplir con el dictamen motivado. Han pasado cuatro meses y no se ha resuelto. Amenaza con ir al TJUE.

4.- Procedimiento por la Directiva sobre combustible gastado y residuos radiactivos. Este caso aún puede estirarse un poco más, ya que la Comisión no ha enviado aún dictamen motivado. Este pasado mayo, Bruselas pidió a España que adoptara programas nacionales para la gestión de la política de gestión del combustible gastado y de los residuos radiactivos. España tenía dos meses para responder a los argumentos planteados por la Comisión. Algo que aún no ha hecho y que tendrá que explicar la nueva ministra Teresa Ribera.

5.- El caso sobre la normativa de seguridad nuclear. Este caso es el último que se ha dado. Fue el pasado mes de junio. La Comisión Europea pidió a España que completara la transposición de esta directiva. En agosto tiene que dar una respuesta el Gobierno. Si no lo hace, podría ir al TJUE.

Fuente: https://elperiodicodelaenergia.com

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