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El Gobierno aprobará este viernes el Decreto de Medidas Urgentes para abaratar el precio de la luz

El Gobierno aprobará este viernes el Decreto de Medidas Urgentes para abaratar el precio de la luz

Últimamente cada día desayunamos nuevos récords de precios en el mercado mayorista, agosto ha sido uno de los meses con la luz más cara de la década, y si nadie lo remedia, el último trimestre del año se convertirá en el más caro de la historia. Por eso, a mediados de septiembre, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaba un plan de choque contra el desorbitado precio de la luz, y que se espera que se apruebe este mismo viernes, 5 de octubre, en Consejo de Ministros, según ha podido saber El Periódico de la Energía de fuentes cercanas al Gobierno.

Se trata del Decreto-Ley de Medidas Urgentes para abaratar el precio de la electricidad, y que se le ha dado ese rango porque cumple con la condición de ser de extraordinaria y urgente necesidad. Entrará en vigor al publicarse en el BOE al día siguiente de aprobarse en Consejo de Ministros, pero debe completarse con la convalidación (o derogación) del Parlamento (86.2 CE) en el plazo de un mes. Un trámite que no comprende la intervención del Senado.

Todas las medidas que se presenten este viernes entrarán en vigor de manera inmediata. “Y serán todas las que anunció la ministra en su comparencia de septiembre en el Congreso”, añaden las fuentes socialistas, “es decir, las medidas que ayudarán a bajar la factura eléctrica, y las que protejan especialmente a los más vulnerables”.

La primera ya se ha anunciado a bombo y platillo. El Gobierno aprobará un nuevo bono social de la luz, otro de calefacción y una prórroga para solicitar el primero hasta fin de año. La ayuda a familias en riesgo de pobreza energética se amplía y se incluyen también las que son monopartentales y personas en situación de dependencia en grados 3 y 2.

El nuevo bono social térmico (calefacción), correrá a cargo del Estado -no de las compañías- y se abonará en forma de cheque directo a los beneficiarios. La cantidad dependerá de la zona climática de España en que esté situada la vivienda.

La segunda medida también es conocida y ha provocado ríos de tinta sobre sus tímidas consecuencias en el recibo de la luz: la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica hasta dejarlo “hasta prácticamente cero”. Según dijo en su momento la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la eliminación temporal de este impuesto supondría un recorte en la factura de la luz de entre el 2% y el 4%.

Otra de las medidas más esperadas es una nueva normativa sobre Autoconsumo, donde se derogará el impopular ‘impuesto al sol’, se reconocerá el derecho a autoconsumir sin cargos y se facilitarán los trámites administrativos, simplificando la burocracia para las pequeñas instalaciones, auténtica losa para el desarrollo del sector.

La ministra ha dicho públicamente en varias ocasiones que incluir la Proposición de ley de autoconsumo presentada por todos los grupos parlamentarios (excepto PP y C’s) en abril pasado era la opción “favorita” del Gobierno, porque si se aprueba en el Parlamento, significaría “un respaldo transversal” de la mayoría de fuerzas políticas a un sistema que hay que integrar de la forma “más inteligente” posible y que no puede quedar “excluido”.

“El desarrollo del autoconsumo es una medida que incidirá directamente en la rebaja del precio de la luz”, explican fuentes del sector jurídico al diario, “incluso el anterior gobierno de Rajoy realizó un informe hace ya dos años, donde se aseguraba que el autoconsumo eléctrico tendría un impacto negativo en las cuentas del Estado, asociado por menor demanda y por tanto menor precio en el pool eléctrico”.

Además de estas tres medidas-estrella, hay otras de las que Ribera habló durante su comparecencia y podrían incluirse en el Decreto-Ley de Medidas Urgentes para abaratar los precios de la electricidad. Es el caso de la aprobación de un plan de repotenciación de instalaciones eólicas antiguas, una calendarización de subastas de renovables y un plan de incentivos en los contratos de venta de electricidad a largo plazo (PPA).

“Si la ministra quiere que se baje el precio en el mercado mayorista, incentivar los PPAs en España sería una de las mejores soluciones”, explican las mismas fuentes del sector jurídico, “y para fomentar los contratos bilaterales podría, por ejemplo, no aplicar el impuesto del 7%, ofrecer un contrato tipo y válido que facilite su desarrollo, incluso una cámara de compensación para que esté dentro de un marco de seguridad jurídica”.

Para los clientes finales, también incluirá una disminución de los tramos de potencia contratada en la factura de la luz que en la actualidad se sitúan en 1,1 KWh para que puedan ajustar mejor su consumo. También se prevé que el Gobierno obligue a las eléctricas a hacer simulaciones de la tarifa de distribución horaria a los clientes del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Una vez que se presente en Consejo de Ministros, les toca hablar a los grupos parlamentarios. En un plazo de un mes, se debatirá este Decreto-Ley en un Pleno del Congreso, y si es refrendado, se convalidará y si es rechazado, podría ser sustituido por una ley posterior.

“La mayoría de los grupos parlamentarios han compartido en la Cámara las medidas que se han incluido en este Decreto-Ley de Medidas Urgentes, por lo que no tendría sentido que se opusieran a ellas”, concluyen fuentes socialistas, “incluso el PP presentó una Proposición de Ley para eliminar la tasa que grava con un 7% a toda la electricidad generada en España un día antes de anunciarlo la ministra, así que entendemos que estarán de acuerdo en sacarlo adelante”.

Fuente: elperiodicodelaenergia.com

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