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Andalucía invierte en instalaciones de autoconsumo

Andalucía impulsa su región con las energías renovables, mediante una inversión de más de 110 millones de euros.

La junta e Andalucía ha apoyado con 40,5 millones de euros un total de 3337 instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo, dentro de los incentivos que se proponen en el Programa para el desarrollo energético de Andalucía.

En el último año y medio, la junta de Andalucia ha destinado más de 37 millones con las reprogramaciones de los fondos Feder al fomento del autoconsumo.

La Agencia ha ofrecido estos datos en la sexta reunión de la Mesa para el Autoconsumo en Andalucía, de la que es coordinadora, celebrada de forma on line para mantener las necesarias recomendaciones sanitarias a causa del Covid19, y en la que han participado todos los socios.

La Agencia Andaluza de la Energía ha elaborado la publicación digital “Guía para el fomento del autoconsumo en los municipios andaluces”, donde se ofrece a los ayuntamientos y entidades locales pautas para el desarrollo de esta tecnología renovable que conlleva para sus localidades ahorro energético y económico en la factura eléctrica, la reducción de emisiones contaminantes, así como el desarrollo de un tejido empresarial asociado a la misma.

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Los municipios españoles de más de 10.000 habitantes ofrecen descuentos del IBI a las instalaciones de autoconsumo.

Un 41% de los municipios españoles de más de 10.000 habitantes ofrece bonificaciones del IBI a las instalaciones de autoconsumo, esto es, 312 municipios que representan un 60% de la población residente en los 753 municipios estudiados (22.437.952 habitantes). Así se desprende de un estudio presentado hoy por la Fundación Renovables y la compañía noruega Otovo, que han llevado a cabo una ampliación y mejora de los informes realizados en 2018 y 2019.

El autoconsumo tiene un gran potencial en España. Según las previsiones de la Fundación Renovables, se espera que en 2021 se haya instalado hasta 4.600 MW de autoconsumo fotovoltacio por toda la geografía española. Hay que echar números pero con las subvenciones públicas salen.

De hecho, según el informe ‘Incentivos fiscales para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en municipios de más de 10.000 habitantes’ presentado conjuntamente con la compañía noruega especializada en autoconsumo Otovo, se reconoce que un 41% de los municipios españoles de más de 10.000 habitantes ofrece descuentos del IBI para este tipo de instalaciones.

Además, según sus cálculos una bonificación del 50% del IBI durante 5 años disminuye el periodo de retorno simple de la inversión de 5 a 3 años, dependiendo de la ubicación.

Mapa de bonificación del IBI según provincia

Porcentaje de población de la muestra estudiada por provincia o Ciudad A. con acceso a bonificaciones sobre el IBI.

“Sin bonificación estaríamos hablando de superar los 11 años el tiempo de amortizar la instalación”, explica Iñigo Amoribieta, CEO de Otovo España.

Fuente: Fundación energías renovables

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España brilla en 2020 con la planta solar más grande de Europa de Iberdrola

La construcción de Francisco Pizarro supondrá una inversión superior a 300 millones de euros y llegarán a trabajar hasta 1.000 personas en obra hasta su puesta en operación, en 2022

LIDERAZGO ENERGETICO / ENERGIA LIMPIA XXI. Iberdrola avanza en su estrategia en renovables con el inicio del desarrollo del proyecto Francisco Pizarro que, con una potencia instalada de 590 megavatios (MW) y una inversión superior a 300 millones de euros, se convierte en la planta solar fotovoltaica más grande de Europa.Francisco Pizarro, presentado a trámite ante el Ministerio de Transición Ecológica, ocupará una superficie de 1.300 hectáreas entre los municipios cacereños de Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera y, en su construcción, hasta su puesta en operación en 2022, llegarán a trabajar hasta 1.000 personas. Su dimensión supera a la planta fotovoltaica Núñez de Balboa que Iberdrola construye en Usagre (Badajoz) que, con 500 megavatios (MW) de potencia instalada, es hasta ahora la más grande del continente europeo. El reporte oficial recogido por Energía Llimpia XXI señala que el proyecto generará energía limpia suficiente para abastecer a 375.000 personas al año, cifra superior a las poblaciones de las ciudades de Cáceres y Badajoz; y evitará la emisión a la atmósfera de 245.000 toneladas de CO2 al año, reforzando la utilidad de esta tecnología para la protección del entorno y la mitigación del calentamiento global.

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Jordi Sevilla deja la presidencia de Red Eléctrica

Después de año y medio al frente de Red Eléctrica de España (REE), el ex ministro socialista Jordi Sevilla presentará su dimisión como presidente de la compañía ante el Consejo de Administración de la empresa pública, según adelanta El País y confirman a El Periódico de la Energía fuentes de REE.

Aunque se habla de «una decisión originada por la falta de entendimiento con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera», las mismas fuentes de Red Eléctrica apuntan a motivos personales para dejar el timón del operador del sistema y transportista. Sin embargo, El País publica que Ribera consideraba a la empresa pública casi como una subdirección general del ministerio.

El hasta ahora presidente relevaba en julio de 2018 a José Folgado, ex secretario de Economía con el Gobierno del PP, que accedió al cargo en el 2012.

Sevilla (Valencia, 1956), hasta ese momento vicepresidente de la consultora Llorente y Cuenca, es licenciado en Económicas, funcionario por oposición y miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1983.

Militante del PSOE, fue ministro de Administraciones Públicas con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. De 1998 al 2000 fue asesor del grupo parlamentario socialista en el Congreso y secretario de Política Económica y Ocupación de la Comisión Ejecutiva Federal (julio de 2000-julio de 2004), con José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general.

A lo largo de su carrera profesional en la Administración ha sido jefe de la Sección de Asistencia Técnica en la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Economía y Hacienda (1983); subdirector territorial en la Dirección Territorial de Economía y Comercio (1983-1985), en Valencia; y jefe del Servicio de Productos Hortifrutícolas y Aceites en la Dirección General de Comercio Exterior (1985).

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Renovables: un ‘decretazo’ que pagarán los consumidores

En vísperas del arranque de una nueva legislatura, y con el Gobierno aún en funciones, el Consejo de Ministros aprobó el viernes un decreto ley orientado a blindar las inversiones a las empresas que operan con energías renovables. En la práctica, supone garantizar una retribución anual del 7,4% hasta 2031 a los dueños de instalaciones renovables en España. Pedro Sánchez favorece así al sector frente a la bajada de tipos de interés y frustra un recorte en el recibo de la luz que, según los especialistas consultados por este periódico, podría rondar el 5%. Pero este blindaje lesiona gravemente los intereses de los ciudadanos, en la medida que encarecerá el recibo de la luz en alrededor de 7.000 millones de euros al condicionar uno de sus componentes.

El decretazo, que podría ser convalidado este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso, asegura el futuro inmediato a los propietarios de parques eólicos o plantas fotovoltaicas. Esta medida supone estirar 12 años más la rentabilidad establecida por el Gobierno del PP, que ya era sensiblemente inferior a la fijada por Zapatero. Cabe tener en cuenta, además, que el listón de rentabilidad concedido por Rajoy se produjo en un contexto en el que los tipos de interés eran mucho más elevados que el actual. El nuevo decreto ya no garantiza como rentabilidad la resultante de sumar 300 puntos básicos a la cotización del bono del Tesoro a diez años. De mantener esta metodología, la rentabilidad hubiera bajado del 7,4% al 4,7%, aminorando de forma notable el quebranto económico para el Estado y los usuarios. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pretende que las empresas con plantas renovables previas al tijeretazo de 2013 retiren los litigios presentados. Sin embargo, ni está garantizado que estas compañías dejen de pleitear, ni es admisible que se aplique una retribución sin discriminar entre pequeños inversores y grandes eléctricas.

No hay razones de urgencia que justifiquen el decretazo del Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de una medida mal concebida y ejecutada con precipitación. En lugar de estimular nuevas inversiones, apuntala la retribucion de empresas a las que el anterior Ejecutivo socialista firmó una rentabilidad desorbitada. Y no solo frustra la posibilidad de rebajar el recibo de la luz, sino que incrementará éste en un contexto de desaceleración. Zapatero fue el responsable de hinchar una burbuja insostenible en el sector de las renovables a lomos de la economía verde. Sánchez parece dispuesto no solo a incumplir de forma flagrante uno de sus principales compromisos -ordenar el caos regulatorio en el sector eléctrico- sino a seguir castigando los bolsillos de los consumidores.

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El Gobierno aprobará la próxima semana una batería de medidas urgentes con la retribución a las renovables, el calendario de subastas y el estatuto electrointensivo

En plena vorágine política para la formación de un gobierno, el Ministerio de Transición Energética en funciones presentará en el próximo viernes día 22, en Consejo de Ministros, un Real Decreto Ley de medidas urgentes con una batería de propuestas, como la esperada nueva retribución a las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos para el periodo 2020-2025, el calendario de nuevas subastas de renovables, el Estatuto del Consumidor Electrointensivo y otras dos más, como un plan para el mantenimiento del empleo en los procesos de descarbonización y concursos para adjudicar la conexión de red de las centrales eléctricas que se cierren a proyectos de renovables.

La intención del Gobierno es recuperar el anteproyecto de ley de diciembre del año pasado, que fijaba una retribución a las renovables para los próximos seis años en el 7,09% para las plantas que se instalaron a partir de 2013, una tasa que tiene que entrar en vigor el 1 de enero de 2020. Pero para todas las anteriores, mantendrá el 7,39%.  El objetivo de este RDL también es evitar nuevas reclamaciones ante tribunales y cortes arbitrales y poner fin a los litigios ya existentes por parte de los perjudicados por el recorte. Para acogerse a la retribución se debe renunciar a proseguir con ellos.

Otros que podrán optar a ese régimen de retribución son los que se les haya reconocido en una resolución firme indemnizaciones o compensaciones, y en ese caso se detraerá el importe de las mismas de la diferencia entre la retribución que proceda abonar de las tasas de retribución congeladas hasta 2031 y las que el anteproyecto de ley fija para los no afectados por el recorte.

También se espera aprobar un plan de descarbonización y sacar a concurso las conexiones a la red que queden libres de las centrales térmicas que se vayan cerrando, así como de las nucleares, «y no a subasta, porque la idea no es elegir el proyecto de más bajo coste sino el que ofrezca mejores condiciones para crear empleo y mantener la riqueza económica de la comarca que hasta la fecha ha vivido de la central», dicen fuentes internas de Transición Ecológica.

Además de esos concursos, el Ministerio organizará un calendario de acciones y reuniones para desarrollar el Convenio de Transición Justa en cada una de las Comunidades Autónomas afectadas. Se intentará encontrar alternativas para garantizar el mantenimiento de la actividad y el empleo que crean las industrias térmicas.

Otra de las propuestas muy esperadas por la industria renovable en España es un calendario de subastas, que incorporará cambios en los criterios respecto a las tres anteriores de 2016 y 2017. La meta es que empresas medianas y pequeñas de renovables puedan acceder más fácilmente a las subastas y para ello el Ministerio para la Transición Ecológica propone cambios en los criterios.

Por último, se espera que se apruebe en un Real Decreto, al margen del RDL de Transición Ecológica, el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, también muy esperado por la industria. No podrá ser semejante al que tienen en Francia, porque según han confirmado fuentes del Ministerio de Industria a este diario, «no se contará con un presupuesto tan elevado como los franceses, que les sirve, entre otras cosas, para dar ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2».

El RDL tiene como objetivo avanzar en la Estrategia de Transición Energética Justa y en el abaratamiento de la factura de la luz con el impulso a las energías limpias, pero su aprobación no solo depende del Gobierno.

Una vez que pase por el Consejo de Ministros, se tendrá que convalidar o ratificar en un plazo de 30 días en las Cortes Generales, y si no se han constituido en ese plazo, entonces se llevarán a la Diputación Permanente.

El Gobierno tenía previsto aprobar la retribución a las renovables antes del 10N, pero el resto de partidos, que dan el visto bueno a la norma, lo pararon por creer que sería un acto electoralista, tal y como adelantó El Confidencial. Como se frenó, finalmente el Gobierno decidió añadir otras medidas como las narradas en este artículo y lo iban a llevar al Consejo de Ministros de hoy, pero ahora hay reticencias por parte de los otros partidos a que se aprobara este viernes al añadir nuevas medidas. Es por ello que no será hasta el día 22 cuando lo lleve el Ministerio al Consejo de Ministros.

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España ocupa el 16º puesto en el índice mundial de sostenibilidad energética

Ha alcanzado la máxima calificación por seguridad, equidad y política ambiental que solo tienen otros siete países más

Parque eólico en Pozo Izquierdo (Gran Canaria). PACO PUENTES

España ocupa el puesto 16º en la clasificación de sostenibilidad energética, según el índice Trilema que elabora el Consejo Mundial de Energía (World Energy Council) en colaboración con Oliver Wyman y que ha sido presentado en el 24º Congreso Mundial que se acaba de celebrar en Abu Dabi. El ranking, que este año incluye 125 países y ofrece datos correspondientes de 2018, se ejecuta conforme a tres dimensiones fundamentales (la seguridad energética, la equidad —en el sentido de accesibilidad y asequibilidad— y la sostenibilidad medioambiental), lo que se denomina el Trilema de la Energíay sienta las bases de la transición energética.

España ha recibido la máxima calificación en las tres categorías (sobre cuatro posibles), con lo que se conforma como uno de los ocho países que tiene la triple A (AAA). No obstante, tiene por delante 11 países europeos (nueve de ellos de la UE), además de Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos e Israel, en una clasificación que encabezan Dinamarca, Suiza y Suecia.

España ocupa el 16º puesto en el índice mundial de sostenibilidad energética

Fuentes españolas se han mostrado satisfechas por la califciación, aunque subrayan que la situación obliga a esforzarse todavía más para seguir mejorando y escalar puestos en un ranking en el que de los 10 primeros, hay siete países de la UE. Hecho este, por otra parte, refleja que las iniciativas comunitarias en la materia han tenido sus frutos.

El Trilema persigue el equilibrio entre los tres parámetros citados, lo que implica la colaboración entre la iniciativa pública y privada, gobiernos y reguladores, factores económicos y sociales, recursos nacionales y preocupaciones ambientales, así como comportamientos individuales del consumidor. Mantener ese equilibrio para avanzar a sistemas descentralizados y descarbonizados es el desafío al que se enfrentan los países, sobre todo en tiempos en existen riesgos de pasividad y otras prioridades, según se ha destacado en la cumbre en clara referencia a las políticas proteccionistas de algunos países.

Ejes de actuación

España ha estado representada en este congreso por el secretario de Estado de la Energía, José Domínguez Abascal. Según este, el éxito pasa por un recorte drástico de las emisiones de gases de efecto invernadero “fundamentado en el empoderamiento de las energías renovables, que junto a los sistemas de almacenamiento y el hidrógeno, van a jugar un papel esencial en la transición energética”.

Asimismo, en materia de equidad y protección a los más vulnerables, ha destacado las actuaciones para promover políticas de la protección a colectivos con menos recursos. Cobran también vital importancia, en ese sentido, el fomento de la competitividad de la industria, así como las pymes, para los que los costes de la factura energética no supongan una barrera de cara a su competitividad internacional.

Abascal ha subrayado, en ese sentido, que España ha puesto en marcha un marco estratégico de energía y clima, compuesto por tres ejes fundamentales. Por un lado, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que debe ser aprobada por el Parlamento, estableciendo los principios de la descarbonización de la economía en el horizonte de 2030 y 2050. Por otro lado, está el Plan Nacional de Energía y Clima, documento que incluye las líneas de actuación y la senda para la transformación del sistema energético. Este plan prevé alcanzar un 42% de renovables en el uso de energía final, un 39% de mejora en la eficiencia energética y un 74% de energía eléctrica renovable para 2030.

Por último, la Estrategia de Transición Justa, que complementa los dos ejes anteriores garantizando un tratamiento equitativo y solidario a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en carbono.

DINAMARCA, SUIZA Y SUECIA, EN EL PODIO

Dinamarca, Suiza y Suecia son los países que se suben al podio mundial de sostenibilidad energética, reconociendo sistemas así energéticos bien equilibrados. Dinamarca logra también la puntuación más alta en el capítulo de seguridad, seguida de Eslovenia y Canadá, y, según el índice “demuestran sistemas seguros, diversos y resistentes”.

La clasificación en equidad energética está encabezada por países más pequeños, donde la conectividad se gestiona bien, países donde la energía es asequible debido a las políticas gubernamentales: Qatar encabeza la lista, seguido por Luxemburgo, Bahrein y los Países Bajos.

El ranking de sostenibilidad ambiental, que identifica los países con baja intensidad de carbono y energía, resalta a los países con menos usuarios de energía per cápita, como Filipinas, Costa Rica y Uruguay.

Por regiones, el Trilema destaca a Uruguay (puesto 28 mundial) como primera de América Latina, mientras que en Oriente Medio, es Israel la que encabeza el ranking. En África subsahariana, es Islas Mauricio la que se desempeña mejor, y en Asia y el Pacífico, Nueva Zelanda es el líder. En el sur de Asia, India mejoró en cuatro lugares, y en Asia oriental, Japón y Hong Kong continúan liderando con un sólido desempeño en el ranking 30 y 34 respectivamente.

Las mejores evoluciones las han experimentado Oriente Medio, los Estados del Golfo (MEGS) y el norte de África, con Egipto, Israel y Bahrein subiendo con más de 10 puntos sobre 100. Esta refleja una serie de cambios en un suministro de electricidad más estable y diverso, ciertas políticas de sostenibilidad, comenzando a afectar el sistema energético y, lo que es más importante, la asequibilidad de la electricidad para la población ayudado por subsidios nacionales.

El presidente de la CNMC afirma que el recorte de la retribución “no se hace para que le guste a todo el mundo”

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, en el IV Foro anual de energía 

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha defendido hoy las circulares que emitió el supervisor el pasado mes de julio para el sectpor eléctrico y gasista en las que plantean un recorte de hasta el 18% para la retribución a la distribución de gas y del 7% para la de electricidad. Según Marín, se basan en criterios técnicos que “no buscan que le guste a todo el mundo”.

Así lo ha declarado en la clausura del IV Foro Anual de Energía de El Economista y ha reiterado una vez más que la CNMC ha realizado esta propuesta porque la ley le obliga a ello, toda vez que las competencias en materia energética le fueron transferidas a raíz de una transposición de la normativa europea. Por esta razón, una vez que el Gobierno aprobó esta transferencia de competencias al regulador independiente, Marín Quemada considera que lo único que están haciendo es “cumplir con el mandato” para fijar la retribución a al electricidad a partir de 2020 y del gas a partir del 2021 durante un periodo de cinco años.

En cuanto a los criterios en los que la CNMC se ha basado para la elaboración de esta propuesta, ha defendido que son “estrictamente técnicos y económicos, ampliamente contrastados y utilizados por los reguladores europeos”. Por ello, ha admitido que cuando se emplean criterios técnicos, “no se hace para que le guste a todo el mundo”.

Frente a las quejas que ha suscitado en el sector gasista y eléctrico el recorte propuesto, ha resaltado que la elaboración de estas circulares se ha hecho “porque entra dentro del ejercicio de sus responsabilidades”. Además, considera que la nueva regulación “va a proporcionar estabilidad jurídica y regulatoria”, al mismo tiempo que cree que mantiene una retribución “razonable” para la inversión de las empresas afectadas y que “está alineada con las orientaciones de política energética”. “Esta metodología aspira a incentivar no cualquier inversión, sino las que puedan satisfacer las necesidades del sistema”, ha explicado.

El presidente de la CNMC esgrime que la bajada de costes va a repercutir en beneficio de los consumidores, no solo de los clientes particulares, sino también de todas las empresas de sectores tan importantes para la economía como el de la automoción, ya que abaratará una parte del recibo energético. En este sentido, Marín Quemada defiende que la institución que preside ha propuesto una regulación que sea capaz de “balancear distintos intereses”, entre los que ha señalado en primer lugar el interés general, que tiene que resultar del equilibrio entre los consumidores y las compañías distribuidoras.

Por último, ha dejado claro que “de ninguna de las maneras las inversiones se van a dejar de retribuir”, sino que todas aquellas que se encuentren en sectores regulados se van a retribuir para que se siga invirtiendo en el sistema y siga mejorando la competitividad de la economía española.

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El PP avisa de que la política energética del Gobierno podría generar otra recesión

El diputado nacional del PP Ramón García Cañal ha alertado de que la política energética impulsada por el Gobierno central supone un “grave peligro” para la economía del país y puede llevar a España a una “nueva recesión”.

En rueda de prensa en la sede del PP de Gijón, García Cañal ha dicho que los mensajes lanzados por el Ejecutivo generan “incertidumbre” en la actividad económica y sobre los empleos, y que se basan únicamente en una “ideologización” respecto a la generación de energías.

“Dejamos una situación económica boyante y corremos el riesgo de que medidas así nos vuelvan a sumir en una nueva recesión”, ha dicho el parlamentario popular.

García Cañal ha explicado que el Gobierno de España trata de “olvidarse” ahora de las conclusiones del informe de la comisión de expertos de transición energética, que advierte de que el cierre anticipado de las centrales nucleares supondría un incremento del coste de generación de entre 2.000 y 3.200 millones de euros cada año según el escenario.

Ha añadido que si, a esto se suma el cierre de las térmicas de carbón, las subidas se fijarían entre el 30 y el 55 por ciento del coste de la generación eléctrica.

“Afectaría a la competitividad, especialmente a las electrointensivas y habría riesgo de deslocalización”, ha puesto de manifiesto.

Ha advertido también de que si se procedería al cierre de las térmicas afectaría de manera negativa sobre los tráficos ferroviarios de mercancías que circularán por la variante de Pajares.

Por su parte, el presidente del PP de Gijón, Mariano Marín, ha señalado que la política energética impulsada por el Gobierno central “repercutirá negativamente” y “atenta directamente” en la economía de la ciudad.

“Puede tener un impacto importante sobre 25.000 empleos directos e indirectos”, ha puesto de manifiesto.

Fuente: elperiodicodelaenergia.com

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Ribera afirma que las medidas adoptadas convierten al país en el que más ha caído el precio de la electricidad

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que las medidas adoptadas por el Gobierno, junto con la caída desde máximos del precio del CO2, han permitido a España “pasar de ser el líder” en Europa en los incrementos en los precios de la electricidad a “ser el país, junto a los nórdicos, en el que más ha caído el precio mayorista en octubre”.

En comparecencia en Comisión en el Senado, Ribera valoró así las medidas urgentes adoptadas por el Ejecutivo a principios de octubre para combatir la espiral alcista en el precio de la luz de los últimos meses, aunque subrayó que no es suficiente y que “hay que seguir trabajando” y adoptando “medidas de fondo”. El recibo de la luz vio cortada en octubre la tendencia alcista de los últimos meses y se abarató por primera vez desde mayo, mitigando así las subidas de agosto y septiembre.

Ribera indicó que combatir el alza en el recibo de la luz ha sido “uno de sus primeros mensajes” desde que llegó al Gobierno ya que la electricidad limpia y eficiente tiene “un inmenso futuro”, aunque es necesario mantener unos “precios razonables y evitar sobrecostes que dificulten el periodo de transición“. Así, subrayó que desde marzo se ha vivido una espiral alcista de “subidas muy importantes y continuas no previstas por el Gobierno anterior”. “El señor Nadal dijo que iba a bajar el precio por sus medidas, pero se le olvidó que el CO2 era un factor que existía y que iba a incidir en el precio de la energía”.

Concesiones de las centrales hidroeléctricas

Además, Ribera indicó que “en las próximas semanas” se presentará una propuesta que afectará a la prórroga de las concesiones de las centrales hidroeléctricas que expiran en estos años ya que el agua para generación eléctrica existe en “un volumen limitado” y es necesario pensar “en las condiciones más acordes al siglo XXI”. La ministra, que no entró en más profundidad al respecto, subrayó que el objetivo debe ser el de “garantizar un cierto precio para consumidores vulnerables y una cierta capacidad de almacenamiento y moderación de precios medios con un potencial que es público“.

Ribera también destacó ese real decreto de medidas urgentes para la Transición Energética y la Protección de los Consumidores, aprobado el pasado octubre, como un primer conjunto de señales en el camino que se quiere tomar, con medidas como el fin del impuesto al sol o los ajustes para asegurar que España “llegue con los deberes hechos” en materia de energías renovables o la eliminación de trabas que impiden el despliegue de la movilidad eléctrica.

“En todo caso, la señal más precisa consiste en la adopción del marco estratégico que ha de conducirnos a un camino distinto en los próximos años, ese puente que hay que construir entre la realidad actual y la realidad que queremos en 2030“, subrayó, remarcando que estarán recogidas en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa del Gobierno.

Concretamente, estima que son “piezas claves, irrenunciables y engarzadas entre sí”, que fijarán “objetivos claros y ambiciosos” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 y 2030, con sendas de descarbonización para 2050 revisables cada 5 años, tanto para la economía en su conjunto como para cada uno de los sectores de emisión. Asimismo, insiste en la necesidad de realizar presupuestos quinquenales de carbono y elaborar un informe anual que describa en qué y cómo se ha aplicado el fondo de carbono cada año e integrar el análisis de compatibilidad climática en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, en las memoras de planes, programas y normativas e incluir criterios verdes “obligatorios” en la contratación pública.

Fuente: energiadiario.com

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