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Ribera, pesimista: podrían no instalarse antes de 2020 ni el 70% de la potencia renovable de las subastas

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado en el Congreso su temor de que antes de 2020 no pueda instalarse ni el 70% de los 9.000 megavatios de potencia adjudicada en las subastas de renovables organizadas por el anterior Gobierno.

“Sólo se han instalado 80 megavatios, y ya hay mucha gente que piensa que será difícil llegar a instalar el 70% de esa potencia subastada”, ha declarado Ribera durante la sesión de control al Gobierno, ante la pregunta de la portavoz energética del PNV, Idoia Sagastizabal, de cuándo aprobará su departamento la regulación sobre los permisos de conexión y acceso a la red.

La ausencia de este desarrollo reglamentario, previsto en la Ley del Sector Eléctrico, es para la ministra “uno de los cuellos de botella más importantes” para la instalación de potencia renovable, pese a que la ley que contenía la previsión, ha dicho, “tiene ya unos cuantos años a sus espaldas”.

En todo caso, la ministra ha agradecido que, aun en funciones, su predecesor en el cargo, el exministro de Energía Álvaro Nadal, remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el borrador de este decreto, y que gracias a ello esperan recibir el informe del superregulador “estos días”.

Espera aprobar el decreto antes de 2019
A partir de ahí, la ministra ha dicho que el Gobierno espera poder aprobar definitivamente esta regulación “antes de fin de año”, pues tratará de “acortar todos los procedimientos”, a través de la tramitación por la vía de urgencia de las fases administrativas pendientes.

Asimismo, la ministra ha ido más allá, subrayando que el Gobierno deberá “facilitar la inclusión en el sistema de alrededor de 6.000 y 7.000 megavatios de potencia renovable al año” si quiere cumplir con los objetivos comprometidos para 2030 del Acuerdo de París, por lo que la aprobación de esta regulación es, para Ribera, “un primer paso crítico”.

Precisamente, el PNV ha urgido a aprobar antes de finales de año esta regulación, para que las empresas adjudicatarias en las últimas subastas puedan contar con la autorización para construir sus plantas, prevista esta autorización para el pasado mes de junio, y que además no caduquen las concesiones de puntos de conexión de varias instalaciones renovables.+

Hay construcciones pendientes de esta regulación
“Nos encontramos con plazos bastante ajustados y cualquier retraso en la concesión de permisos puede hacer peligrar los proyectos”, ha incidido Sagastizabal, destacando que en algunos casos la construcción de instalaciones tras la última subasta “se encuentra condicionada” a este desarrollo reglamentario.

“De no aprobarse antes del 28 de diciembre, la mayoría de puntos de conexión permitidos se pierden, y las empresas corren el riesgo de no poder conectar sus plantas y estarían abocadas a la pérdida de avales emitidos”, ha explicado la diputada, reclamando la aprobación de esta normativa “con la mayor celeridad”.

En este sentido, ha argumentado que la promoción de las energías renovables no sólo exige voluntad política empresarial, “sino también que las normas técnicas que lo amparen se encuentren en vigor en tiempo adecuado”.

Fuente: elperiodicodelaenergia.com

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Habrá comisión de investigación sobre Castor: Podemos obra el milagro y convence a PP y PSOE

El Congreso de los Diputados ha hecho un pleno total (a excepción de tres abstenciones), votando por unanimidad a favor de la creación de una Comisión para investigar las posibles responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor y su indemnización. Una aprobación esperada por Unidos Podemos al haberse aprobado la semana pasada en la Junta de Portavoces, como ya contó este diario.

“Hablar de Castor es hablar de muchos millones, la sociedad está harta de corrupción y esta instalación está todavía frente a las costas de Vinaroz y nos recuerda que fue innecesaria e inviable. Una operación de riesgo que afectó a nuestros bolsillos y a las poblaciones de Castellón y Tarragona, que sufrieron más de 1.000 terremotos y un impacto ambiental y económico todavía sin cuantificar”. Con estas palabras, abría el debate Angela Ballester, diputada de Compromís integrada en Podemos.

Para defender la necesidad de esta Comisión, Ballester señaló a Florentino Pérez como el gran beneficiado de toda esta trama. “Este proyecto nos va a costar, según las organizaciones de consumidores, más de 4.700 millones de euros. Castor es el recuerdo de una forma de gobernar, de poner los recursos de todos al servicio de unos pocos, y de hacer pagar a la ciudadanía el rescate de grandes empresas, como ya ha ocurrido con las autopistas, bancos, o en este caso la constructora propiedad de Florentino Pérez”

En esa misma línea coincidía Josep Vendrell, portavoz de la formación morada en la Comisión de Transición Ecológica. “Hace dos semanas, la Audiencia Nacional confirmó el archivo de la querella presentada por diversas asociaciones de las zonas afectadas. A pesar de ello, el caso Castor no es un caso cerrado, ni jurídica ni políticamente”, ha dicho, “porque tenemos una ciudadanía que hoy ya no consiente la impunidad en cualquier tipo de fraude, corrupción o nepotismo”.

En el caso del diputado por ERC, Jordi Salvador, aprovechó su tribuna para recordar el caso de Carlos Ocaña, coautor del libro de Pedro Sánchez, que fue jefe de gabinete del ministro de Industria de Zapatero, Miguel Sebastián, y que después ha acabado siendo fichado por Florentino Pérez para el Real Madrid.

“Aprobó la famosa cláusula por la que Florentino pudo cobrar por 1.350 millones de euros por unas instalaciones que no funcionaban y provocaban terremotos. Solo seis meses después de que dejara el ministerio, lo incorporó al Real Madrid. De hecho aún sigue. Todo un ejemplo de generosidad con sus amiguetes”, ha relatado.

Ferrán Bel, del PDeCAT, ha reclamado la investigación “por dignidad y por corresponder a todos los vecinos del Maestrat y de Terres de l’Ebre que denunciaron previamente qué iba a pasar”. “Lo sufrieron en sus propias carnes y ahora no puede ser que el Parlamento les decepcione”, ha subrayado.

Y sin que sirva de precedente, Ciudadanos ha apoyado desde el principio la necesidad de esta Comisión. En su defensa, la diputada Melisa Rodríguez ha lamentado que el proyecto fuera “otro de los parches” de PP y PSOE en el sistema energético, ya que no estaba dentro de ninguna estrategia ni planificación, y sus errores han repercutido y repercuten en la tarifa.

El PP y el PSOE se señalan con el dedo
A quienes más les perjudica esta Comisión son a los dos partidos que ha gobernado el país. Sin embargo, tenían que retratarse y han sido valientes al apoyarla. El PSOE dice que lo hace “sin reservas ni prejuicios, en aras de la transparencia y el interés general”, y porque quiere saber si existieron irregularidades en la concesión y la financiación, si estaban justificados los sobrecostes o si se respetó la legislación medioambiental, cuestiones de las que deberá responder compañeros de partido, los miembros del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero mientras sientan en el banquillo político a gente de su partido, el diputado Artemi Rallo también ha arremetido contra las decisiones del Gobierno de Rajoy y ha aprovechado para decir que pedirán investigar si la indemnización se aprobó ajustada a derecho y por qué se pagó “de forma tan veloz” cuando debía analizar qué había pasado, recordando además que, en un primer momento, el exministro ‘popular’ José Manuel Soria aseguró que Escal UGS no sería indemnizada.

También el Partido Popular ve una oportunidad para acusar a los socialistas de haber firmado un proyecto fallido. El portavoz del grupo parlamentario en la Comisión de Transición Ecológica, Guillermo Mariscal, ha celebrado que la comisión permitirá al PSOE enmendar sus responsabilidades por el proyecto. También ha recalcado que la firma de la declaración de impacto ambiental la llevo a cabo la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que tendrá que enfrentarse también a esta Comisión.

Como no podía ser de otra manera, ha defendido la gestión del anterior Gobierno, que suspendió la actividad del almacén tras solicitar un informe, redujo a la mitad la rentabilidad del proyecto y modificó la ley para asegurar estudios previos de sismicidad en proyectos similares.

Siguientes pasos de la Comisión de Investigación
Según el art. 42 del Reglamento del Congreso, una vez aprobada la Comisión, se deberá elaborar un plan de trabajo y se podrá nombrar Ponencias en su seno y requerir la presencia, a través de la Presidencia del Congreso, de cualquier persona.

Sin embargo, las decisiones se adoptarán en función del criterio de voto ponderado, es decir, que el voto de cada portavoz en la Comisión es equivalente al número de miembros del respectivo Grupo Parlamentario.

Las conclusiones de estas Comisiones, que no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, deberán plasmarse en un dictamen que será discutido en el Pleno de la Cámara.

Fuente: elperiodicodelaenergia.com

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La saudí Alfanar consigue 385 millones del BEI para su ‘megaproyecto’ eólico en España de 547 MW

La empresa saudí Alfanar Energy ha conseguido buena parte de la financiación para desarrollar su megaproyecto eólico en España denominado Lanuza Wind Project. Concretamente, Alfanar ha obtenido 385 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para levantar 21 parques eólicos en Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra. Ninguno en Aragón donde más parques se construirán en los próximos meses.

En total son 547 MW de potencia eólica repartidos en 163 aerogeneradores que serán colocados en los 21 parques que tendrán un tamaño de entre 8 y 50 MW cada uno.

Según el BEI, se trata de una de las mayores financiaciones que se han dado a proyectos de renovables en España y de los primeros proyectos que se financian en España desde la moratoria de 2012. “Se espera que el financiamiento del BEI para esta operación tenga un importante efecto de aceleración y demostración. De hecho, será uno de los primeros proyectos greenfield de energía renovable que se financiará en España después de la moratoria de 2012 y el nuevo marco regulatorio, que entró en vigor en 2014. Además, la presente operación contribuirá al logro de los objetivos de España 2020 para la energía renovable y la reducción de las emisiones de CO2″, dice el BEI.

Alfanar ha obtenido 385 millones, que suponen el 60% de toda la inversión que dedicarán a la puesta en marcha de los 21 parques que alcanzará los 643 millones de euros.

Alfanar acudió a la subasta de renovables que se realizó en julio de 2017 y en la que resultó la gran ganadora en cuanto a potencia eólica se refiere al obtener 720 MW. Cabe recordar que los grandes proyectos eólicos se dieron en la subasta de mayo.

Alfanar se asoció con Capital Energy para poner en marcha estos proyectos eólicos. Capital Energy desarrollará los proyectos hasta dejarlos en estado de pre-construcción, mientras que Alfanar será responsable de la construcción y la explotación, según cuenta Jaume Morrón en su blog Dialec.

Este pasado agosto, Alfanar alcanzó un acuerdo con el fabricante de turbinas alemán Senvion en el que será su regreso al mercado español. En total, Senvion suministrará aerogeneradores por 300 MW de potencia.

Fuente: elperiodicodelaenergia.com

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